En la localidad de Muswellbrook, una comunidad tradicionalmente minera que afronta un futuro incierto tras el declive del carbón, el Muswellbrook Shire Council ha tomado una decisión estratégica: ya no se permitirán alojamientos de tipo “donga” para los trabajadores temporales vinculados a proyectos de gran escala, ya sean del sector renovable o de construcción de infraestructura. En su lugar, exige instalaciones permanentes que puedan ser reutilizadas una vez concluida la obra.
¿Por qué este cambio drástico?
Muswellbrook se prepara para albergar casi 4.000 trabajadores temporales en la próxima década, debido a diversos proyectos de energía renovable y a la demolición de la central eléctrica Liddell Power Station. Para el concejo local, no basta con que estos trabajadores se queden por un tiempo limitado: es clave que formen parte de la comunidad, que utilicen los servicios locales, que generen beneficios para el municipio. De lo contrario —dice el alcalde Jeff Drayton— “si hospedamos gente, si usan nuestras carreteras, nuestros servicios, nuestra infraestructura, queremos que la comunidad se beneficie”.
Por esta razón, el nuevo “policy de alojamiento temporal” prohíbe las tradicionales “dongas” (campamentos modulares de uso corto) y también veta espacios tipo “wet mess” —instalaciones diseñadas para el consumo de alcohol que, en su opinión, fomentan la desconexión entre los trabajadores temporales y la vida del pueblo.
Integración comunitaria y legado de vivienda
El planteamiento de Muswellbrook va más allá del simple alojamiento: el concejo quiere que los “villages” construidos para los trabajadores temporales se puedan transformar en viviendas asequibles, centros de atención a la tercera edad o alojamientos turísticos una vez finalizada la obra. En una zona con una elevada rotación de mano de obra minera, la garantía del alojamiento asequible se ha convertido en una emergencia.
Según Upper Hunter Homeless Support (UHHS), el aumento del precio del alquiler en Muswellbrook ha sido de un 50 % en cinco años, mientras que la tasa de vacantes ronda el 1 %, lo que significa que quienes buscan viviendas más económicas se ven desplazados. UHHS sostiene que esta política del concejo es “un buen ejemplo de cómo debería integrarse la solución habitacional en todo tipo de discusiones”.
¿Cuáles son los costes y responsabilidades?
El nuevo enfoque implica que los promotores de los proyectos —energía renovable o demolición— asuman parte del coste de construcción de estos alojamientos permanentes. En cada caso, la responsabilidad de aportar el terreno, construir y luego reconvertir la infraestructura quedará bajo un acuerdo que incluye al gobierno estatal, el concejo local y el desarrollador. Estos requisitos quedarán formalizados como condiciones dentro del permiso de desarrollo.
Como afirma el alcalde Drayton: “Si los promotores no están dispuestos a aceptar estas condiciones del concejo, francamente, probablemente no son los promotores que queremos trabajando en nuestra comunidad”.
Los apoyos y las dudas del sector privado
Desde Clean Energy Council, el director de incidencia comunitaria, Nathan Hart, sostiene que la política representa «una oportunidad emocionante para los promotores de energías renovables». Hart recuerda que los desarrolladores están comprometidos con dejar un legado positivo en las comunidades donde trabajan, incluyendo “soluciones innovadoras de vivienda para sus plantillas”.
Por su parte, el presidente de la Muswellbrook Chamber of Commerce, Mike Kelly, califica la iniciativa del concejo como “admirable”, aunque advierte que aún deben verse los efectos reales. En especial, plantea la cuestión de si las empresas han contemplado en sus presupuestos esta carga adicional de proporcionar alojamiento de largo plazo para la mano de obra temporal.
Contexto estratégico y futuro local
Este cambio de política se enmarca en una transformación económica de Muswellbrook: una región hasta ahora vinculada al carbón que ahora enfrenta el cierre de instalaciones industriales tradicionales y la llegada de proyectos de energías renovables. Para la comunidad local, la llegada de miles de trabajadores “temporales” plantea riesgos (alojamientos tipo campamento, impacto en servicios, desconexión con la comunidad) pero también oportunidades —si se gestiona bien—: incremento de empleo, revitalización local, y sobre todo un legado tangible de vivienda.
La apuesta del concejo es clara: que esos alojamientos temporales no desaparezcan sin más al acabar el proyecto, sino que se conviertan en patrimonio útil para la comunidad. Vivienda asequible, atención a mayores, alojamiento turístico… todo ello forma parte de la visión de largo plazo.
Cómo funciona la política en la práctica
Los desarrolladores deberán presentar dentro de su solicitud de permiso un plan de alojamiento que contemple infraestructuras permanentes, con usos futuros definidos.
El concejo colaborará con el gobierno estatal y los promotores para definir quién aporta el terreno, cómo se construye y cómo se transforma la infraestructura al término del proyecto.
Se prohíben explícitamente alojamientos tipo “donga” o campamentos modulares de uso corto, así como instalaciones de “wet mess” que fomenten el aislamiento del trabajador respecto al entorno comunitario.
El rechazo a acoger promotores que no asuman estas condiciones deja claro que el concejo prioriza la visión comunitaria frente a la mera construcción rápida.
Beneficios esperados y retos por delante
Beneficios
Aumento de stock de vivienda permanente asequible en una región con vacantes cercanas al 1 % y subida de alquileres del 50 % en cinco años.
Integración de la mano de obra temporal en la vida local: comercios, servicios, redes comunitarias.
Un legado tangible tras el cierre de la era del carbón: viviendas y servicios que perduren.
Mejor reputación para el municipio como destino de proyectos de transición energética, al demostrar responsabilidad social.
Retos
Coste adicional para los promotores: deberán contemplarlo en sus presupuestos y modelos financieros.
¿Se ajustarán los plazos de la obra a los plazos de transformación del alojamiento? El riesgo es que al finalizar el proyecto la reconversión quede incompleta.
¿Se garantizará que la vivienda futura realmente sea “asequible” y dirigida a residentes locales que la necesitan?
¿Cómo se gestionará la gobernanza y mantenimiento a largo plazo de esos alojamientos transformados?
¿Se replicará el modelo con la escala necesaria para todos los proyectos que lleguen en la próxima década?
Conclusión
La política del concejo de Muswellbrook representa un enfoque innovador e integrado: no solo decide dónde dormirá la mano de obra temporal, sino qué herencia dejará esa infraestructura para la comunidad. Al plantear la vivienda como un activo reutilizable en lugar de un gasto desechable, la comunidad apuesta a que la transición energética y de infraestructura genere beneficios duraderos para sus residentes.
Este modelo muestra cómo, en un mundo donde los proyectos de energía renovable y demolición de plantas industriales se multiplican, una comunidad local puede usar su poder regulatorio para orientar esos proyectos hacia un impacto social positivo: vivienda asequible, integración comunitaria y legado tangible.
